Reporte/VdN
Zacatecas, Zac., 23 de noviembre.- En una revisión a la administración de Amalia García Medina, que sorprende por su velocidad, la Contraloría Interna del gobierno estatal dió a conocer 23 anomalías en el manejo de recursos públicos.
Sin señalar a funcionario alguno, porque el procedimiento administrativo previsto por la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos “me obliga a guardar la secrecia correspondiente”, Guillermo Huizar Carranza enumeró una serie de supuestas anomalias detectadas durante la revisión a diversas dependencias estatales.
De acuerdo a Huizar Carranza, en las secretarías de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), de Finanzas (Sefin), de Desarrollo Económico (Sedezac), de Obras Públicas (Secop) así como la Junta Estatal de Caminos, la Oficialía Mayor y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se encontraron anomalías en la asignación de licitaciones públicas, compras irregulares y hasta préstamos personales.
El funcionario estatal acuso a la Sefin de “derrumbar” la calificación crediticia de la entidad ante las calificadoras internacionales Moody's y Standar and Poor's; sin embargo, el funcionario no dio a conocer la nueva calificación impuesta por estas empresas a las finanzas públicas zacatecanas.“El 14 de junio de 2010 los entonces titulares del Poder Ejecutivo del Estado y de la Secretaría de Finanzas suscribieron un contrato de apertura de crédito simple con BANAMEX, por 300 millones de pesos como suerte principal y 4 millones 289 mil 583 pesos por concepto de intereses.
“De dicho contrato se desprende que la fecha comprometida para pagarlo fue el 25 de agosto del 2010, circunstancia que no ocurrió, faltando los responsable de suscribirlo a su compromiso y generando toda suerte de consecuencias económicas negativas al estado de Zacatecas, entre otras, la generación de intereses moratorios por 5 millones 595 mil 486.64 pesos”, explicó.
Al mismo tiempo, vinculó este crédito con un supuesto encarecimiento de los contratos de crédito relacionados con la Ciudad Gobierno (PPS), que cuestionó desde su encargo como diputado local en la 59 legislatura.
Entre las presuntas anomalías detectadas en los 60 días de investigación se encuentra la compra de 3 mil 448 botellas de mezcal por parte del DIF estatal por un total 999 mil 920 pesos así como la compra de 20 mil paquetes escolares a una empresa relacionada con la compra, venta y renta de maquinaria industrial y agrícola.
Asimismo, se detectaron préstamos personales realizados por la Secretaría de Finanzas a distintas personas físicas y morales por un total de 368 millones 300 mil pesos cuando, de acuerdo con el funcionario estatal, no existe partida alguna ni atribuciones legales que faculten a la dependencia para este tipo de transacciones.
“En ningún caso se pactan intereses ni se solicitan garantías y, finalmente, en ninguno de los 92 expedientes revisados se localiza constancia alguna de que se hayan emprendido acciones de cobro”, apuntó Huizar Carranza.
